La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito limitó la detención migratoria sin fianza al dictaminar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no puede mantener a una persona bajo custodia por más de 90 días sin una audiencia para pedir libertad. El fallo de un tribunal federal de apelaciones afecta a detenidos en Texas, Luisiana y Misisipi y modifica de inmediato la práctica aplicada en esa jurisdicción.
La decisión, emitida este jueves, puede abrir la puerta a solicitudes de audiencia para miles de inmigrantes retenidos dentro del Quinto Circuito. También impacta cientos de casos pendientes en Texas, donde la custodia prolongada sin revisión judicial quedaba más cerca de ser la regla que la excepción.
Leslie Southwick y el debido proceso
Leslie Southwick escribió la opinión mayoritaria en un fallo de dos votos contra uno. Southwick sostuvo que la Constitución protege los derechos fundamentales de todas las personas dentro del territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, y dejó una frase que resume la base jurídica de la decisión: “Parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional radica en que no hace excepciones a la hora de otorgar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se le priva de su libertad personal”.
James Graves respaldó esa opinión. Cory Wilson disintió.
Texas, Luisiana y Misisipi
El fallo puede beneficiar a miles de personas detenidas en centros de detención ubicados en Texas, Luisiana y Misisipi, los tres estados que integran la jurisdicción del Quinto Circuito. El tribunal no anuló la reinterpretación de la ley migratoria, pero sí fijó un límite temporal: cuando la detención supera los 90 días, el Gobierno debe ofrecer una audiencia para solicitar la liberación bajo fianza.
Ese límite cambia el punto de presión para personas que llevan meses bajo custodia del ICE. En lugar de esperar indefinidamente, podrán pedir que un juez revise si deben seguir detenidas.
Departamento de Seguridad Nacional
La disputa nació de una reinterpretación de la ley migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional en 2025. Durante décadas, la detención obligatoria sin derecho a fianza se aplicó sobre todo a personas detenidas al ingresar al país o poco después de cruzar la frontera, pero la política migratoria de la Administración Trump amplió esa lectura para incluir también a inmigrantes arrestados en el interior de Estados Unidos. La Junta de Apelaciones de Inmigración adoptó después ese criterio.
Cory Wilson argumentó en su voto disidente que la decisión recorta la autoridad que el Congreso tiene sobre la política migratoria y que la jurisprudencia de la Corte Suprema no obliga al Gobierno a conceder audiencias de fianza en estos casos.
Lo inmediato ahora no es una nueva regla general, sino su aplicación caso por caso. Las futuras disputas tendrán que definir cómo se harán esas audiencias y qué criterios usarán los jueces para decidir quién sale libre y quién sigue detenido dentro del Quinto Circuito.
