La coalición de grupos defensores del derecho al voto presentó este miércoles una demanda federal contra el government de Donald Trump por presunta intimidación de votantes. La querella, en nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y de un ciudadano naturalizado que también está registrado para votar, apunta a la presión del DHS sobre funcionarios estatales.
La Casa Blanca dijo este miércoles que más de 278.000 personas que no son ciudadanas están registradas para votar a nivel nacional, incluidas 190.000 en California. Chad W. Dum, director legal del Proyecto por el Derecho al Voto de la Universidad de California Los Ángeles, respondió que esa cifra es absolutamente falsa y que la demanda busca impugnar una solicitud del Ejecutivo estadounidense para que se investigue a votantes incluidos en listas con datos incorrectos.
Pedro Trujillo y la demanda
Pedro Trujillo, uno de los demandantes, dijo que no se puede permitir que la Administración Trump siembre dudas sobre la legitimidad de los votantes. También expresó: "Digo no a los 'ciudadanos de segunda clase'. Digo no a los votos de segunda clase. Todo ciudadano merece tener la misma voz en nuestra democracia".
Su papel da a la querella una dimensión concreta: no se trata solo de una disputa abstracta sobre registros, sino de una acción judicial presentada por una persona naturalizada que dice estar protegida por el mismo derecho al voto que la demanda pone en discusión.
Casa Blanca y DHS
Chad W. Dum dijo en una conferencia de prensa: "Se ha pedido investigar a fondo a los votantes y a los funcionarios electorales que pudieron haber participado en el registro de dichos votantes, y los sometan al temor de un proceso penal, e incluso a la posibilidad de cárcel y multas". En la misma comparecencia añadió: "Eso es absolutamente falso" al referirse a la cifra de la Casa Blanca.
La demanda también busca disipar cualquier mito sobre personas no ciudadanas que se registran para votar o que efectivamente emiten un voto que será contabilizado. La pieza legal, tal como fue presentada, coloca bajo revisión la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional estaría usando datos incorrectos para presionar a autoridades estatales.
Donald Trump y 2020
Desde que perdió las elecciones contra Joe Biden en 2020, Donald Trump ha usado la antigua retórica republicana sobre fraude electoral para impulsar medidas que, según la propia demanda, transformarían de manera drástica la forma en que se llevan a cabo las elecciones en el país. La querella se inserta en esa línea y la lleva al terreno judicial, con votantes naturalizados y funcionarios electorales en el centro de la disputa.
El frente inmediato ya está abierto en los tribunales federales. Lo que sigue es el examen de esas listas con datos incorrectos y de la solicitud del Ejecutivo estadounidense que, según Chad W. Dum, puso a votantes y funcionarios bajo amenaza de proceso penal, cárcel y multas.
